Las violentas protestas de la pasada semana en Cataluña, con motivo de la sentencia del ‘procés’, han demostrado que los daños derivados de estas actuaciones no solo han afectado directamente a los conductores de camiones y empresas de transporte de mercancías por carretera, sino a una gran parte de la sociedad. Más que colaterales, consideramos que los daños han sido globales.
No nos referimos solamente a los justificados enfados de los conductores, tirados en los arcenes como apestados y privados de los servicios más básicos. Tampoco queremos insistir en las multimillonarias pérdidas económicas sufridas por las empresas de transporte (superiores a los 100 millones de euros), la industria y la agricultura, que han derivado en graves perjuicios para una parte muy importante de nuestra sociedad, especialmente para autónomos y pymes.
Esta globalización de los daños provocados fundamentalmente por los cortes indiscriminados de carreteras, con la paralización de la actividad de transporte y, consecuentemente, de nuestra economía, han tenido como protagonistas principales a nuestros políticos, quienes son en última instancia los garantes de que la circulación de personas y bienes no se vea interrumpida en ningún momento, tal y como reconoce nuestra Constitución.
Está claro que los CDR, como ha sucedido antes con los chalecos amarillos franceses o los grupos antisistema durante la última cumbre del G-7, han utilizado a nuestros camiones como arma arrojadiza para intentar conseguir sus fines, sabiendo que si paran la actividad del transporte, verdadero motor de la economía, nos convierten a todos en rehenes de sus incontrolados desmanes.
Todo lo contrario de lo que han hecho los gobiernos de España y la Generalitat, cuya inacción con los cortes de las carreteras demuestra claramente el nulo interés que la clase política tiene por el transporte. Será, en los papeles, un sector estratégico, pero la realidad desmiente rotundamente esta afirmación.
De nada han servido las decenas de llamadas y escritos remitidos por la CETM, solicitando, exigiendo que cumplieran con sus responsabilidades. No hemos obtenido una sola respuesta de nuestros gobernantes, ocupados en otros asuntos que nada tienen que ver con la sostenibilidad económica de nuestras empresas, con el bienestar de nuestros conductores, con la marcha de no pocos sectores de nuestra economía que dependen directamente del transporte, todo ello, en un momento, como demuestra la última EPA, la peor en seis años, especialmente delicado para la economía española.
Los CDR amenazan de nuevo con estrangular, a partir del próximo lunes, nuestras vías de comunicación, internas y externas, hasta conseguir, dicen, sus fines, el establecimiento de una república catalana independiente. Ya basta. Somos un sector constantemente maltratado, utilizado, ninguneado por intereses partidistas que no somos capaces de entender, haya o no elecciones en ciernes.
Una vez más, nuestro talante negociador nos ha llevado a dirigirnos, esta misma mañana, a los responsables en materia de seguridad y movilidad de los Gobiernos de España y Cataluña, para solicitarles nuevamente que adopten las medidas necesarias para evitar los nuevos bloqueos anunciados.
En cualquier caso, tanto el Gobierno como la sociedad española deben entender que el sector del transporte no está dispuesto a que se repitan estas situaciones y empleará todos los medios legales a su alcance en revertirlas y reclamar los daños y perjuicios que se nos han ocasionado.