El pasado lunes 8 de julio, el Tribunal Supremo hizo público el fallo que estimaba el recurso presentado por nuestra empresa asociada, Grupo Logístico Arnedo, declarando nulo el Real Decreto 1023/2017, por el que se aprobaba el Convenio entre la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y la concesionaria de la AP68 para poner en marcha el desvío obligatorio de camiones de la N232 a la AP68. Este convenio, además de las bonificaciones que percibirían los vehículos afectados, recogía los motivos que habían llevado a la Administración a adoptar esta medida prohibitiva, tomada a espaldas de los principales perjudicados por la misma, los transportistas riojanos.
La cautela y la prudencia hasta conocer los detalles de esta sentencia marcaron las primeras horas desde su publicación. Pese a ello, la nota de prensa publicada por el Consejo General del Poder Judicial no daba lugar a muchas interpretaciones: ‘El Tribunal Supremo anula la prohibición de circular a los camiones por las carreteras convencionales de La Rioja. Considera que dicha medida carecía de cobertura legal tanto en la fecha como en la justificación de su adopción’.
Por lo tanto, el Tribunal Supremo daba la razón a los transportistas y la sentencia reforzaba todos los argumentos que, a lo largo de estos meses de vigencia del desvío, se habían defendido desde nuestra asociación. Porque este desvío obligatorio no es la mejor ni la única solución al problema de la N232, pese a la obstinación de una Administración empecinada en mantenerlo vigente.
La ausencia de soluciones a la congestión del tráfico en la N232, dada la falta de proyectos a corto y medio plazo para el desdoblamiento de esta vía; la carencia de estudios que justifiquen que los vehículos pesados son los causantes de la siniestralidad de la vía; el fondo discriminatorio de la medida, afectando únicamente a un determinado tipo de vehículos, los de 4 o más ejes; o el carácter prohibitivo de la medida, que prohíbe el tránsito todos los días del año a todas las horas, han sido los argumentos más relevantes en los que el Alto Tribunal se ha basado para anular este desvío de camiones. Esta doctrina judicial también recoge la falta de legitimación del ejecutivo regional para bonificar económicamente a transportistas ajenos a la comunidad autónoma de La Rioja.
La Administración, en un esfuerzo por mantener la calma y evitar la consiguiente alarma social, realizaba una enrevesada interpretación de esta sentencia y apoyada solo en ese último argumento, defendía que el desvío de camiones de la N232 seguiría vigente por el momento y que el Supremo, con su fallo, tan solo tumbaba el apartado económico de las bonificaciones. Sorprendentemente, esta interpretación era defendida, con más ahínco si cabe, por otra organización de transportistas riojanos que, una vez más, daba la espalda al sector que representa para realizar una lectura tan interesada como errónea, negando el mayor logro que puede conseguir una asociación empresarial: una sentencia estimatoria del más Alto Tribunal de justicia en España.
El único argumento defendido por esta otra organización pone de manifiesto su escasa altura de miras a la vez que denota la más absoluta falta de sentido común. Mientras la sentencia hace referencia expresa al enorme perjuicio económico que supone para el transportista el tener que transitar obligatoriamente por autopista, abonando el consiguiente peaje todos los días del año, esta asociación entiende que, a partir de ahora, se seguirá obligando al transporte a circular por la AP68, pero, en vez de pagando 5€, pagando 29€. ¡Acabáramos! Por desgracia, ese es el nivel.
Diario La Rioja recogía el pasado viernes este titular: ‘Atradis defiende “que todo siga igual”’. ¿Qué organización empresarial puede, con una sentencia del Supremo a su favor y contra la que no cabe recurso, pedir que se siga manteniendo una injusticia que, para colmo, atenta contra los intereses de sus afiliados? ¿Están locos? Evidentemente, no; como tampoco creo que sientan envidia de que haya sido una empresa afiliada a CETM La Rioja la que haya conseguido tumbar este desvío obligatorio que tanto han alabado, pese a las terribles consecuencias que ha tenido para el transportista riojano. Sucede que hay organizaciones que anteponen intereses particulares a los intereses generales del sector al que dicen representar. Y así, a cambio de minucias en comparación con el daño que provocan al conjunto del sector, se apresuran en elogiar las medidas que toma una Administración empeñada en poner trabas y dificultades al buen desarrollo de nuestras empresas.
Desde CETM La Rioja seguiremos defendiendo los intereses de los transportistas por encima de todo, pues es nuestra única razón de ser, y mostraremos nuestra satisfacción cuando, como ocurre hoy, tengamos una sentencia del Tribunal Supremo reconociendo que los derechos de nuestros asociados han sido vulnerados. También seguiremos colaborando con la Administración para conseguir la mejor solución para los intereses generales de la sociedad, siempre y cuando para ello no se incurra en injusticias que afecten a nuestros transportistas.

 

Artículo publicado en la edición de Diario La Rioja de 27 de julio de 2019