Como parte del Marco Estratégico de Energía y Clima, que incluye el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Transición Justa y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, el Ministerio de Transición Ecológica tiene la intención de alcanzar “la equiparación de las masas y dimensiones de los camiones nacionales a los existentes en los países de nuestro entorno”.

En este sentido, el Gobierno se propone aumentar a partir de 2021 “la masa máxima autorizada a 44 toneladas y de la altura a 4’5 metros, posibilitando un aumento de la carga media de dichos vehículos y la consiguiente reducción del número de vehículos por kilómetro y consumo para una misma masa transportada”.

Frente a esta pretensión, el Comité Nacional de Transporte por Carretera ha reaccionado con contundencia a través de una nota en la que dice contemplar “con asombro, cómo la medida consistente en la ampliación de los pesos y dimensiones de los vehículos de mercancías, auspiciada por las grandes empresas cargadoras de este país, aparece como la solución a todo problema que se suscite, sobre cualquier materia de la que se hable y con independencia del Ministerio que lo impulse”.

Para el Comité esta intención constituye una “manifestación inequívoca del enorme poder de influencia de estos entes de poder, cualquiera que sea el color político del partido en el Gobierno, presión que se ejerce hasta el extremo de nublar la vista de la Administración sobre cuestiones evidentes”.

En este sentido, el órgano consultivo de Fomento “ha planteado siempre como límite insoslayable a cualquier modificación de las dimensiones máximas de los vehículos, el previo acuerdo con el sector, sin que pueda siquiera plantearse a modo de hipótesis sin evaluar y resolver los riesgos para la vida y los costes sociales que tal medida lleva consigo. Consecuencias estas, que a quien se mueve por el puro beneficio parece dejarle indiferente”.

 

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