Este lunes, 23 de octubre, el Consejo de Ministros de Trabajo de la Unión Europea ha debatido la reforma de la normativa de trabajadores desplazados.

En esta reunión, Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, ha abogado por encontrar “soluciones específicas” para el sector del transporte internacional en las nuevas normas para trabajadores desplazados.

Con el fin de llegar a un consenso que no perjudique a los transportistas españoles, la ministra explica que debería llegarse a un acuerdo para excluir o, en su caso, otorgar un régimen propio a los conductores profesionales de transporte internacional, en la regulación europea de trabajadores desplazados, aplazando la aplicación de la directiva en este sector hasta que se apruebe el Paquete de Movilidad que actualmente está en fase de negociación.

De este modo, nuestro país parece haberse alineado con el resto de países periféricos de la UE contra una regulación que pondría en peligro la competitividad de las empresas españolas de transporte internacional y, por lo tanto, no se ha llegado a ningún acuerdo para incluir a los chóferes dentro del ámbito de los trabajadores desplazados.

España apoya cambios en las normas de trabajadores desplazados

En términos generales, y con respecto al conjunto de los trabajadores desplazados, España apoya el principio de que los trabajadores desplazados cobren el mismo sueldo que los locales por la misma labor, y no solo el salario mínimo como fijan las normas actuales.

En este sentido, Báñez se ha mostrado favorable a que la duración máxima para los trabajadores desplazados sea de 24 meses, y que a partir de este plazo se apliquen todas las leyes laborales del país de destino, porque supone un equilibrio razonable, desde su punto de vista, entre la naturaleza temporal del desplazamiento y la garantía de los trabajadores.

España y Francia no llegan a un acuerdo

Como paso previo, el pasado viernes, 20 de octubre, Mariano Rajoy y Emmanuel Macron se reunieron en el marco del Consejo Europeo para debatir este asunto concreto sin que llegaran a ningún acuerdo.

Francia quiere que se aplique la nueva normativa europea de trabajadores desplazados al transporte, dentro de lo que parece una cruzada contra el dumping social, pero que en el sector del transporte de nuestro país se ve más bien como una defensa encubierta de sus propios transportistas nacionales, mientras que España no parece dispuesta a que sea así.

Como medida de compromiso, según ha informado un periódico nacional, podría haberse alcanzado un acuerdo para fijar una excepción en la regulación de los trabajadores desplazados en el caso de los transportes internacionales, incluído el cabotaje, de cinco días de duración. A partir del sexto día, por tanto, los chóferes pasarían a ser considerados trabajadores desplazados.

Sin embargo, la prensa francesa especula con que se podría haber llegado a otro principio de acuerdo en virtud del cual los conductores puedan ser contratados de acuerdo con las normas actuales de la Unión, pero que, a cambio, perciban el salario mínimo sin complementos del país anfitrión en que lleven a cabo su labor de transporte.

Con muchos y muy diversos los intereses en juego, todo queda pendiente, en todo caso, de la próxima negociación que ha de establecerse entre el Consejo y el Parlamento Europeo, una vez que el Pleno de la Eurocámara de el visto bueno para empezar a negociar esta misma semana.

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