La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha analizado los efectos que supone para los autónomos y las pymes españolas la actual situación de morosidad y dilación en los pagos, que les obliga a quintuplicar sus necesidades de financiación frente a las empresas de otros países europeos.

Así se ha puesto de manifiesto en la IV Cumbre Político-Empresarial organizada por la Plataforma bajo el lema ‘Cumplimiento de las promesas electorales en materia de morosidad‘, donde se ha recordado que la elevada tasa de morosidad ha provocado la desaparición de una de cada tres pymes durante la crisis.

Aunque tras la reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo de pago normalizado de 30 días, prohibiendo que se superase un máximo de 60, la falta de un régimen sancionador que penalice el impago en dichos plazos ha motivado un incumplimiento generalizado de la normativa.

Los diferentes grupos políticos se han comprometido a aprobar “con carácter inmediato” un régimen sancionador que corrija dichas prácticas abusivas. De hecho, Ciudadanos se ha comprometido durante el encuentro a presentar antes de junio un Proyecto de Ley de lucha contra la morosidad, que contemple un código sancionador, así como a la aprobación de la nueva regulación antes de finales de 2017.

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