El hecho de que España vaya a contar con un Gobierno más o menos estable antes de fin de año es, en principio, una buena noticia que, como todo en esta vida, también tiene sus aspectos negativos.

Entre los puntos que se recogen en el preacuerdo de Gobierno de coalición suscrito esta misma semana entre el PSOE y Unidas Podemos se encuentra, dentro de la lucha contra el cambio climático, una apuesta decidida por acometer una transición ecológica justa.

En este ámbito, que, a priori, parece muy adecuado, el próximo Ejecutivo estaría pensando en recuperar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este mismo año 2019, que contemplaba subidas fiscales para empresas e incrementos de diversos impuestos especiales.

Entre esta “armonización fiscal”, se encontraría, como en la vez anterior, el impuesto de hidrocarburos, en el que la intención del nuevo Gobierno sería recuperar su proyecto para equiparar la fiscalidad del gasóleo y de la gasolina, con el fin de recaudar 670 millones de euros que le permitan llevar ante Bruselas unos Presupuestos expansivos en el ámbito del gasto público.

En principio, este incremento no repercutiría en el sector del transporte, que podría amortiguar el impacto de esta medida por medio de la figura del gasóleo profesional.

Sin embargo, habría que ver si finalmente se articula un mecanismo similar para el transporte ligero, otro usuario intensivo de este combustible, al que podría afectar de lleno este aumento de la presión fiscal si no se remedia antes.

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