Desde la Confederación Española de Transportes de Mercancías en La Rioja mostramos nuestro más absoluto rechazo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha elaborado el Gobierno de España y en el que se incluye el pago por circular por las autovías.

Esta idea choca con el compromiso del actual Gobierno que, suscrito el pasado mes de julio, y que evitaba la imposición de nuevos peajes sin haber alcanzado un consenso con el sector del transporte por carretera.

Esta medida no solo no reactivará la economía, sino que supondría la pérdida de empleos y el final para muchas empresas que, ante la alerta sanitaria, siguen adelante con enormes dificultades.

Es inconcebible que el ejecutivo de Pedro Sánchez pretenda agradecer la labor esencial, imprescindible y ejemplar desarrollada por nuestro sector durante esta pandemia sanitaria anunciando la puesta en marcha de nuevos peajes para los vehículos encargados de abastecer a la sociedad de cuanto ésta necesita.

Cabe recordar que nuestro sector contribuye hoy con 11.000 millones de euros a las arcas del Estado a través del impuesto especial de hidrocarburos, pese a que de esta cantidad solo se destinan 2.000 millones de € cada año a la conservación de carreteras. No se entiende por tanto cómo ese superávit aportado por nuestras empresas de transporte se quiera gravar con nuevos impuestos.

Esta ocurrencia, además, viene a satisfacer tan solo a un puñado de empresas encargadas de la construcción de infraestructuras viarias que son incapaces de sanear sus cuentas de resultados por ellas mismas. De ahí, se desprende la falta de previsibilidad y coherencia de esta nueva medida, ya que no está claro si quien tendrá que hacer frente a este nuevo impuesto será el usuario o el contribuyente. Tampoco está claro que, si el que tiene que abonar este impuesto es el usuario, el contribuyente quedará exonerado del pago del mantenimiento de las carreteras.

Esta medida se contrapone con la idea del Gobierno de España de eliminar las autopistas de peaje al término de los contratos de concesión de éstas. En este sentido se puede llegar a producir la fatal paradoja de que la AP68, la única vía de alta capacidad que atraviesa La Rioja nunca vaya a ser gratuita.

La impopularidad de esta decisión se traducirá en un aumento del precio de las mercancías transportadas, encareciendo considerablemente el consumo y, por lo tanto, empobreciendo al conjunto de la sociedad.

Cabe recordar que más del 85% de las mercancías se mueven por carretera y el funcionamiento de la economía depende de las empresas de transporte de mercancías por carretera que son las que se encargan de acercar las materias primas y productos a las industrias y a los consumidores finales. Y todo, pese al ninguneo que sufre nuestro modo de transporte en comparación con el marítimo, el aéreo o el del ferrocarril, siempre tan subvencionados y apoyados por las administraciones.

Además, España es un país periférico y no de tránsito entre países, por lo que cualquier carga impositiva restaría competitividad a nuestro país frente al resto de naciones europeas, ya que las mercancías que se transportan por nuestras carreteras o bien se exportan o bien se destinan al consumo propio.

Tampoco podemos entender cómo esta medida ha sido respaldada por los principales responsables de la Dirección General de Tráfico, ya que sus competencias no contemplan decidir quiénes tienen que sufragar el mantenimiento de las infraestructuras.

En definitiva, desde CETM La Rioja, entendemos que esta medida solo responde a satisfacer las pretensiones de un determinado sector encargado de construir infraestructuras viarias que no ha sido capaz de mantener su modelo de negocio y a la necesidad de hacer frente las cuantiosas y desproporcionadas medidas adoptadas por un Gobierno que se reconoce incapaz de afrontar la crisis económica que se avecina. Lo malo es que todo va con cargo a un sector eficiente y esencial que no ha dejado de trabajar y de esforzarse en ningún momento, como el del transporte por carretera.