El pleno del Parlamento de Navarra ha sometido a votación este jueves 26 de mayo la proposición de ley para implantar peajes exclusivamente a camiones en cinco vías de la Comunidad Foral, concretamente en la A-1, A-10, A-15, A-68 y la N-121.

Desde la CETM, afirman que no salen de su asombro al comprobar que, a pesar del esfuerzo realizado por las empresas de transporte durante la pandemia y la situación que atraviesan con la subida de la energía y los combustibles, hasta cinco grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo para «penalizar y ahogar aún más a un sector que es esencial para la economía«.

Resulta incongruente, explican, que el Gobierno de Navarra no se haya sentado con las asociaciones para dialogar y buscar otras alternativas. Por eso, piden a las agrupaciones navarras que reconsideren su posición en la votación final y apoyen al transporte de mercancías por carretera.

En este sentido, aseguran que las empresas de transporte navarras «ya contribuyen sobradamente a las arcas de la Hacienda Foral» y obstaculizar su labor no es el camino para lograr la recuperación económica.

Además, los peajes afectarán al conjunto de la economía y la sociedad, al encarecerse el precio de las materias primas y los productos en plena crisis. «No es el momento de plantear una mayor fiscalidad, que puede favorecer el incremento de la inflación«, aseguran

Cabe recordar, una vez más, que son las empresas de transporte las que garantizan el funcionamiento de la cadena de suministro y «es imprescindible que se lleven a cabo medidas de protección para garantizar su supervivencia«.

En este sentido, desde la Confederación manifiestan su apoyo a su asociación provincial en Navarra, ANET, y advierten de que, si los peajes salen adelante, tomarán las acciones legales que consideren oportunas para «evitar que el transporte sea el que pague los platos rotos«.

Del mismo modo, considera que el Gobierno navarro debería tener en cuenta que el Comité Nacional del Transporte por Carretera llegó a un acuerdo con el Gobierno en el que se comprometió a no imponer peajes si no cuenta con el consenso de los transportistas, lo que prueba que «el Ejecutivo actual sí es consciente» de que se trata de un sector imprescindible.

 

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